El Modelo Integral de Compliance considera siete ámbitos de acción. En esta ocasión, en Hayes & Corp nos queremos referir al ámbito Protección del Consumidor, explicando su alcance y entregando sugerencias a las empresas para abordarlo.
La ciudadanía exige cada vez más una mayor protección frente a sus problemas de consumo. La Ley N° 19.496 regula la relación entre los proveedores de bienes o servicios y los consumidores. Entre los principales derechos y obligaciones se contemplan:
● El derecho a contar con información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación, etc., a la garantía de los productos, a retractarse de una compra y a respetar lo establecido en los contratos.
● La no discriminación arbitraria por parte de empresas proveedoras de bienes o servicios.
● La regulación de la publicidad engañosa y la eliminación de la llamada “letra chica” en los contratos.
● Facilitar la formación de las asociaciones de consumidores.
● Y favorecer las acciones colectivas cuando se vulneran los derechos de los consumidores.
El 24 de diciembre de 2021 entró en vigencia la Ley conocida como Ley Pro Consumidor que fortalece la protección de los derechos de los consumidores, incluyendo además el principio pro consumidor, en virtud del cual las normas de la Ley se interpretan siempre en favor de los consumidores.
Esta Ley establece nuevos derechos como el aumento del plazo de 3 a 6 meses para poder ejercer el derecho a la garantía legal cuando los productos salen defectuosos o no son aptos para su uso. También instaura el derecho a retracto, pudiendo los consumidores arrepentirse de una compra online sin expresión de causa en un plazo de 10 días de recibido el producto.
Dentro de las normas que contempla esta Ley, se considera el término de los contratos de manera más fácil para los consumidores, prohibiendo a las empresas poner condiciones o barreras para mantener amarrados los servicios. A su vez, instituye una nueva normativa relacionada con las automotoras, sobre venta de pasajes aéreos y la exigencia de las empresas de informar sobre la vida útil de los productos.
En materia de educación superior, se establece el derecho de los alumnos para exigir certificados de manera gratuita hasta por dos veces al año y en un plazo máximo de 10 días hábiles. Algunos de estos derechos comenzaron a regir en un plazo diferido de 3, 4 y 8 meses desde su publicación.
Por ello, si una empresa no tiene controles adecuados, es probable que sufra contingencias que rápidamente pueden comprometer su situación financiera. A su vez, su imagen corporativa y reputación pueden verse afectadas cuando no se adopten medidas que involucren estos cambios en los procesos.
Por ello es altamente recomendable que las empresas puedan adoptar acciones preventivas, actualizando sus procesos, políticas y capacitando a sus colaboradores para enfrentar estos cambios.
En Hayes & Corp contamos con un equipo profesional multidisciplinario, experto en el desarrollo de Modelos de Prevención de Infracciones para evitar la exposición a riesgos en las empresas.