En el camino contra la corrupción: Programas de Integridad en Argentina

Por Margarita Walker, Gerente Legal  Hayes & Corp.

 

 

 

Argentina dio un gran paso contra la corrupción al aprobar a fines del 2017 su ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la que entro en vigencia el 1 de marzo recién pasado. En ella se establece que las personas jurídicas serán responsables por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, nacional y transacional, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y balances e informes falsos agravados, que hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio. También serán responsables si quien hubiere actuado en beneficio o interés de ella fuere un tercero que careciese de atribuciones para obrar en su representación, pero de algún modo, explicita o tácitamente, se hubiere ratificado la gestión. Las instituciones sólo quedaran libres de responsabilidad si quien efectivamente ha cometido el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para la institución.

Es un movimiento importante para cualquier país, como lo fue para Chile el año 2009, el dictar normas que no sólo persigan a las personas naturales, sino que también tengan consecuencias para las empresas que de una u otra forma se ven beneficiadas de los comportamientos de sus empleados.

Un rasgo diferenciador de la ley argentina respecto de la existente en Chile y Perú es que la de allende los Andes deja fuera los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conteniendo sólo delitos que están de una u otra forma relacionados con funcionarios públicos nacionales o extranjeros, es decir, cohecho y distintas derivaciones del mismo como por ejemplo enriquecimiento ilícito o adulteración de balances para encubrir un pago corrupto.

Y el legislador argentino ha elegido con razón focalizarse en el cohecho ya que en lo que se refiere corrupción, Transparencia Internacional ubicó en el 2017 a Argentina en el lugar 85 de 180 países, se ha dado cuenta que regulando sólo a los funcionarios y empleados públicos para que no acepten ni pidan sobornos no ha sido suficiente para obtener resultados efectivos, por lo que se ve en la imperiosa necesidad de incluir a los privados para exigirles que además de no ofrecer sobornos se otorguen una estructura interna para promover la integridad y asegurar el cumplimento de las leyes.

Otra diferencia de la normativa chilena con la argentina es que está última permite eximirse de pena y responsabilidad administrativa a la persona jurídica cuando concurran simultáneamente las siguientes circunstancias:

  1. a) Denuncia espontánea del delito como consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna de la empresa o institución
  2. b) Implementación un sistema de control y supervisión adecuado conforme a la misma ley, con anterioridad al hecho del proceso, cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito. Este punto se refiere al programa de integridad del que deben dotarse las personas jurídicas;
  3. c) Devolución el beneficio indebido obtenido.

No obstante las diferencias, hay que estar atento al desarrollo e implementación de los programas de integridad que se comiencen a diseñar y construir en las diversas empresas y organizaciones argentinas, ya que Chile desde su experiencia en los modelos de prevención de delitos puede constituir un aporte para la elaboración de los mismos.